Mientras los profesionales luchan por atender a la comunidad, al tiempo que intentan proteger a sus familias y demandan garantías para ejercer su trabajo, las redes de corrupción siguen poniendo piedras en el zapato.
La pandemia puso al descubierto muchas falencias de los sistemas de salud de los países de la Amazonía. En Colombia, por ejemplo, el 20 de abril del 2020 los 30 médicos del único hospital público de Leticia, capital del departamento del Amazonas, presentaron su renuncia masiva argumentando que faltaban insumos y garantías para hacer frente a la pandemia en una región selvática que tiene 66.000 personas en 109.665 kilómetros cuadrados. Unos días después, y luego de una campaña nacional para enviar elementos, la mayoría de los profesionales volvió a trabajar.
Entretanto en Brasil, en mayo de ese mismo año, algunos de los médicos del hospital de emergencias instalado en el complejo deportivo Maracaná de Río de Janeiro renunciaron a su cargo alegando que faltaban insumos para atender a los pacientes, así como elementos de protección para ellos mismos.
Y en Perú, en el mes de agosto, cuando la pandemia llevaba más de cinco meses, mientras los mensajes oficiales transmitidos por la televisión insistían en el lavado de manos como el método más útil para frenar el coronavirus, los titulares de prensa denunciaban que en el Hospital Referencial de Ferreñafe, a 790 kilómetros de Lima, la capital del país, los médicos cargaban baldes con agua para poder usar los servicios sanitarios, y atendían a los pacientes en carpas improvisadas ubicadas cerca de los desagües de aguas negras.
En general, desde que inició la pandemia, en la mayoría de los países de la Amazonía se han registrado protestas de los médicos que reclaman el pago de salarios, mejoras en las condiciones laborales y herramientas para poder atender a los pacientes. ¿Pero cómo se lucha contra una pandemia, cuando ni siquiera se cuenta con personal suficiente para hacerlo? Aunque no hay un estándar que indique cuál es la cantidad mínima de personal sanitario para que el sistema no colapse, la Organización Mundial de la Salud estima que con 23 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes ni siquiera se alcanzan las tasas de cobertura adecuadas.
En América Latina y el Caribe ese promedio está en 19,1 médicos por cada 10.000 habitantes, según el Observatorio Mundial de la Salud (GHO, por sus siglas en inglés) de la OMS. Los países con mayor cantidad de médicos son Cuba (81,90), Uruguay (50,5) y Argentina (39,6), mientras que los que tienen menor oferta son Haití (3,55), Honduras (3,14) y Guatemala (2,35). En Colombia esa cifra es de 21,85; en Brasil, de 21,64; en Ecuador, de 20,37; y en Perú, de 13,05.
En lo que a las camas de cuidados intensivos (UCI) se refiere, la situación no es muy distinta. El informe “Vistazo a la salud: América Latina y el Caribe 2020” del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) señala que justo antes de la pandemia en América Latina había, en promedio, 13 camas de cuidados intensivos dotadas con respiradores, una cifra muy por debajo de la media sugerida por la Ocde, que es de 22. “Brasil (20,6), Uruguay (19,9) y Argentina (18,7) están por encima del promedio regional, mientras que Perú (2,9), Costa Rica (2,7) y El Salvador (1,1) tienen las cifras más bajas”, se lee en el documento. Colombia apenas tenía 10,5, y Ecuador, 6,9.
Los datos de la OMS también revelan que en América Latina la inversión en salud ha sido baja, pues la región destinó 1.076 dólares per cápita para la salud, una cifra tres veces menor que la de la Unión Europea, donde la destinación fue de 3.364 dólares. Las cifras más recientes disponibles son del 2017.
No estábamos preparados
Wilson Pérez Méndez preside la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc) en el departamento de Caquetá, a 550 kilómetros de Bogotá (Colombia). Allí, según contó, por lo menos 2.000 trabajadores de la salud han renunciado por riesgos asociados a la covid-19. “En ninguna región se esperaba que llegara una pandemia como la que estamos viviendo. Ninguno de los hospitales del Caquetá está dotado con la infraestructura, ni la tecnología, ni los insumos, ni los implementos de bioseguridad suficientes, necesarios y de buena calidad para atender a los pacientes contagiados por el virus”, manifestó. Las cifras lo respaldan. De 138 puestos de salud que tiene Caquetá, solo 16 están funcionando, pero la mayoría tiene plantas físicas en mal estado.
Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales de Colombia, señaló que en el país los esfuerzos se concentraron en comprar ventiladores y otros equipos, pero no se analizó la disponibilidad de médicos intensivistas y anestesiólogos, profesionales imprescindibles para el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos (UCI), donde son atendidos los pacientes cuya condición es más crítica.
Susana Siguenza, médica del hospital de Lago Agrio, ubicado a 295 kilómetros al oriente de Quito, capital de Ecuador, reconoció que en sus diez años de ejercicio profesional este periodo de pandemia ha sido el momento más duro. “Al principio no sabíamos cómo reaccionar y desde el inicio fui derivada al área de triage de covid-19. Tuve que empezar a desinfectarme aquí y luego a repetir todo en casa. Traté de mantener un distanciamiento con mi hijo, y a mi esposo, que trabaja en otra provincia, casi no puedo verlo”, relató.
En Perú, Herberth Cuba, vocero de la Asociación Médica, reveló que la falta de insumos ha cobrado la vida de miles de profesionales. Y agregó: “Aquí los médicos protestan porque hay un compromiso de incrementar los salarios, pero no se ha cumplido. Eso sin contar con la crisis que ha vivido el país por cuenta de la falta de oxígeno, que es vital para tratar a los contagiados”.
Desde el 2010, en Perú se creó una norma que obligaba a los hospitales a abastecerse de oxígeno solo de forma líquida y con una concentración del 99 %. Eso, dice Cuba, creó un oligopolio de dos empresas cuya capacidad de distribución resultó insuficiente con la llegada de la pandemia. “La norma tuvo que ser modificada, pero el costo en vidas humanas fue muy alto”, sentenció.
Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud, a septiembre del 2020, casi 570.000 trabajadores de la salud de la región se habían enfermado, y más de 2.500 habían muerto a causa del virus. “La escala de esta pandemia no tiene precedentes, y ningún otro grupo lo ha sentido más agudamente que los mismos hombres y mujeres que componen nuestra fuerza laboral de salud”, señaló Carissa F. Etienne, directora de la organización.
La corrupción también infecta
La demanda mundial de elementos de bioseguridad, pruebas, ventiladores y otros elementos indispensables para atender la pandemia aumentó considerablemente, y con ello, los precios. Aun así, algunas organizaciones sociales están tras la pista de las redes que desviaron dinero público destinado a la emergencia. Un caso insignia de la región ocurrió en Ecuador, donde la Contraloría General del Estado investiga la compra de bolsas para cadáveres y otros elementos, como guantes y mascarillas, hecha por el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según los investigadores, la compañía Silverti S. A., propiedad del empresario Daniel Salcedo, vendió las bolsas a 148 dólares, cuando su precio en el mercado era de poco más de 11 dólares. En este caso, las pérdidas de recursos públicos se estiman en más de 600.000 dólares.
Por otro lado, en Bolivia la Fiscalía investiga a los exministros de salud Aníbal Cruz y Marcelo Navajas por los sobrecostos de 6 millones de dólares en la compra de respiradores mecánicos chinos. El fiscal Marco Villa explicó en noviembre pasado que por cada equipo se pagaron unos 30.000 dólares, cuando el valor en el mercado era de 8.900 dólares.
Entretanto en Brasil, en el mes de agosto, un juez ordenó suspender durante 6 meses al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por sobrecostos y sobornos en el contrato de operación de 7 hospitales de campaña que costaron 150 millones de dólares.
Y en Colombia, el 11 de noviembre del 2020, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura del gobernador del departamento de Putumayo, Florencio Rosero Peña, por presuntas irregularidades en la compra de 10 ambulancias. El negocio, por casi un millón de dólares, habría tenido sobrecostos calculados en 310.751 dólares.
Sobre este tipo de situaciones, a mediados del 2020, en un evento organizado por el centro de pensamiento Wilson Center, Delia Ferreira, directora de la ONG Transparencia Internacional, dijo que “el riesgo de corrupción aumenta notablemente durante situaciones de emergencia. Tenemos reportes de posibles hechos de corrupción en América Latina”.
Esta desoladora realidad hace que Herbert Cuba, de la Asociación Médica de Perú, se pregunte cuántas vidas pudieron haberse salvado con la plata que no llegó a donde se necesitaba.
