De las restricciones necesarias a las abusivas. Latinoamérica ha pasado por todo tipo de medidas que se han convertido en barreras para la vida democrática.
Por: Juan David López
“Infracción a las normas sanitarias”. Ese fue el único cargo con el que las autoridades peruanas acusaron a los jóvenes detenidos durante la segunda semana de noviembre del 2020, en medio de las protestas por la crisis social y política que vivió Perú. En una sola semana el país tuvo tres presidentes. La situación se originó después de que el Congreso aprobara la vacancia del presidente Martín Vizcarra, dando lugar a que Manuel Merino asumiera el poder de la nación. Ante el abrupto cambio de gobierno, las calles se llenaron de manifestantes contra Merino, quien renunció al cargo debido a la presión ciudadana y dejó vacante una silla presidencial que terminó ocupando Francisco Sagasti.
Los manifestantes detenidos en Perú quedaron en libertad poco a poco, mientras que la tensión social y política fue bajando lentamente. Aunque la crisis presidencial no tuvo una relación directa con la pandemia de la covid-19, la inestabilidad que causó la vacancia de Martín Vizcarra dejó en evidencia el uso político que algunos Gobiernos de la Amazonía les han dado a las restricciones asociadas a la prevención del coronavirus.
Si bien varios de los analistas consultados para esta investigación coinciden en que para mitigar el contagio exponencial de la covid-19 era necesario que los países de la Amazonía y del mundo restringieran ciertas libertades, estos mismos expertos no dudan en señalar que con esas restricciones algunos Gobiernos han incurrido en excesos para la vida democrática.
El 12 de marzo del 2020, Ecuador entró en emergencia sanitaria y decretó una cuarentena hasta finales de septiembre. Esta incluyó medidas como los toques de queda y los “semáforos” por regiones, para que se tomaran decisiones específicas en cada provincia. En Brasil, en cambio, no hubo una medida nacional. Mientras el gobierno del presidente Jair Bolsonaro desestimó la pandemia, algunos gobernadores decidieron implementar cuarentenas que, en algunos casos, se relajaron antes de lo que los epidemiólogos recomendaban. En Perú, el Gobierno decretó el estado de emergencia nacional desde el 15 de marzo, y ordenó el aislamiento social obligatorio, una medida que incluyó el cierre de las fronteras del país, hasta inicios de julio. Aunque la cuarentena terminó, el estado de emergencia seguía vigente en noviembre, cuando ocurrieron las protestas. Mientras tanto, en Colombia se decretó el estado de emergencia social y económica, y el “aislamiento preventivo obligatorio” desde el 25 de marzo hasta el 31 de agosto, en un proceso de flexibilización paulatina de las medidas.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la resolución 01 del 10 de abril del 2020, advirtió que en la región se establecieron medidas “que restringen los derechos de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad privada”.
Una pandemia precedida por protestas
Al finalizar el 2019, los y las analistas auguraban la continuidad del descontento social con el que terminó el año: protestas contra el presidente Iván Duque, en el paro nacional de Colombia; protestas contra el “golpe de Estado” por el cual Jeanine Áñez tomó la presidencia de Bolivia; multitudinarias manifestaciones en Chile que llevaron hasta la aprobación, en el 2020, de un proceso constituyente para reemplazar la carta política de la dictadura de Augusto Pinochet, fueron algunas de esas manifestaciones.
Cuando la pandemia ya era una certeza, la CIDH emitió la resolución mencionada, en la cual recomendó a los Estados que las medidas adoptadas para atender y contener el virus tuvieran “como centro el pleno respeto de los derechos humanos”, pero esto no resultó así. En las citadas manifestaciones de Perú, que se dieron durante la crisis política de noviembre, dos personas murieron a causa de la violencia policial. Este, sin embargo, no fue el primer episodio de violencia en el Perú durante la pandemia. En agosto, tres indígenas kukama kukamiria murieron en enfrentamientos con la policía, en el departamento amazónico de Loreto, en medio de protestas en las que reclamaban mejores servicios de salud.
En Colombia, en las primeras semanas de septiembre del 2020, un caso de brutalidad policiaca desató dos noches de caos y protestas en la capital, Bogotá, que dejaron un saldo de 13 personas asesinadas, al parecer por balas de la policía, sin que se hayan esclarecido los hechos.
Ya lo había advertido la CIDH: “En la región prevalece por parte de los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho a la protesta social, en un contexto de represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza, así como actos de violencia y vandalismo; graves crisis penitenciarias que afectan a la gran mayoría de los países; y la profundamente preocupante extensión del fenómeno de la migración, del desplazamiento forzado interno, de personas refugiadas y apátridas; así como la discriminación estructural en contra de grupos en situación de especial vulnerabilidad”.
Lejos de desactivar las inconformidades ciudadanas, la pandemia profundizó problemas como la pobreza, el desempleo y la desigualdad, y con ello las demandas ciudadanas por mejores, oportunas y más efectivas políticas públicas en cada país, no solo para enfrentar la emergencia, sino para no desatender los problemas heredados del pasado.
Las medidas restrictivas por causa de la pandemia han mostrado algunas tendencias preocupantes, según la alianza de la sociedad civil Civicus: barreras injustificadas al acceso a la información —en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro quiso eximir a los funcionarios de su deber de brindar información—, censuras, detención de activistas por difusión de información, represión a defensores de los derechos humanos, asesinatos —particularmente en Colombia—, violaciones al derecho a la privacidad —por ejemplo, mediante la captura de datos personales— y atribución de poderes excepcionales excesivamente amplios.
A mediados del 2020, la organización colombiana Dejusticia publicó un informe según el cual al menos 112 países restringieron las reuniones públicas, 33 atentaron contra la libertad de expresión y más de 80 declararon estados de emergencia. Jessica Villamil, una de las autoras y directora de la línea internacional de la organización, señaló que aunque algunas restricciones se levantaron, la preocupación que permanece es que la pandemia se convierta en la excusa perfecta para adoptar medidas que podrían perpetuarse.
Villamil se enfocó en la cuenca amazónica para señalar que, aunque Bolivia tuvo “una salida democrática” con la elección de Luis Arce como presidente, esta estuvo precedida por una fuerte inestabilidad. Entretanto, en Perú las medidas de confinamiento estuvieron acompañadas por una militarización de la vida social y una ley que exime penalmente a militares y policías durante el estado de emergencia. También dijo que en Colombia el Gobierno aprovechó para tomar decisiones arbitrarias, como “nombramientos poco transparentes y democráticos”, y que en Brasil las decisiones no solo afectaron la libertad de información, sino a la población migrante que se encuentra en ese país.
Así, las medidas para paliar el coronavirus pasaron de lo necesario a lo abusivo, y mientras se abrían sectores económicos para evitar un golpe productivo más duro, y algunos espacios sociales, culturales y deportivos retomaban actividades, se argumentaba que las protestas sociales eran irresponsables puesto que generaban aglomeraciones.
Jessica Villamil explicó que “una de las mayores muestras de la apertura del espacio de participación cívica es el derecho a la manifestación y a la protesta”, y que si bien es cierto que por la pandemia debían restringirse la movilidad y las aglomeraciones, no hay un argumento científico que demuestre que hay más riesgo en una marcha que en una ciclovía. “Lo que estamos enfrentando, que me parece muy peligroso, es tratar un tema de salud pública como un tema de seguridad”, expresó Villamil, y agregó que puede estar ocurriendo un quiebre similar al del 11 de septiembre del 2001, con los atentados terroristas en Estados Unidos, que “cambió radicalmente la manera en que estamos abordando los temas de seguridad”.
Así, asuntos como la captación masiva de datos personales por medios virtuales en casi todos los países, la cooptación del poder del Estado por grupos ilegales que imponen sus propios “protocolos de seguridad” en los territorios que controlan y la creciente regulación social en medio de un clima de miedo por la enfermedad han llevado a que filósofos contemporáneos como Byung-Chul Han, Giorgio Agamben y Eva Illouz se pregunten por la manera en que la pandemia cambiará las percepciones de los ciudadanos frente al Estado y frente a ellos mismos.
Pese a todo, la libertad
Ante las restricciones, la sociedad civil no se quedó quieta. Un completo inventario publicado en noviembre del 2020 por Civicus y titulado “La solidaridad en tiempos de covid-19” recogió un amplio repertorio de iniciativas con las que las personas hicieron frente en todo el mundo a los desafíos impuestos por la pandemia: desde iniciativas para satisfacer necesidades básicas, para diseminar información y prestar servicios, hasta formas novedosas de protestar, monitoreos permanentes para la defensa de los derechos humanos y ayuda mutua comunitaria. “Siempre que fue posible, la sociedad civil cooperó con los gobiernos; sin embargo, no esperó a que éstos actuaran y a menudo se movió a mayor velocidad que el propio Estado”, dijo el informe que retoma iniciativas de todo el mundo, algunas de la cuenca amazónica.
Pese a las restricciones, en Bolivia se hicieron protestas con el fin de presionar al Gobierno para que reanudara las actividades económicas, pero estas manifestaciones sociales fueron reprimidas. Asimismo, las elecciones presidenciales, inicialmente aplazadas por la pandemia, pudieron llevarse a cabo con medidas de bioseguridad. En Ecuador también se han presentado protestas de funcionarios de la salud y otros sectores en contra de la corrupción. Además, en Guayaquil, la primera ciudad ecuatoriana con pico de contagios, los ciudadanos protestaron por la falta de información y de medidas por parte del Gobierno, y por la escasez de fondos para enfrentar la pandemia.
En Brasil, la organización Río de Paz cavó tumbas simbólicas en las playas de Río de Janeiro en protesta contra las medidas del Gobierno y en homenaje a las víctimas del virus. También en ese país, algunas plataformas civiles presionaron para que se aprobara el ingreso de emergencia para las personas más vulnerables, y en noviembre se hicieron elecciones municipales, con restricción en las campañas políticas y medidas de distanciamiento el día de las votaciones. Pese a esto, la abstención fue alta.
En Colombia, personas de la tercera edad acudieron a instancias judiciales para derribar las medidas del Gobierno que establecían barreras diferenciadas para los mayores de setenta años, a quienes les habían impuesto restricciones más severas para salir de sus casas. La demanda fue resuelta por un juez que restableció el derecho a la libre locomoción de los adultos mayores. También, pese al riesgo de contagio, en Bogotá se dieron manifestaciones espontáneas contra la brutalidad policial y, desde el sur del país, los indígenas se movilizaron hasta la capital, Bogotá, reclamando la atención gubernamental.
Finalmente, en Perú la pandemia no fue un obstáculo para que los ciudadanos tomaran su parte en medio de la crisis política del país y aceleraran la salida de Merino. Ahora los peruanos se preparan para las elecciones generales que tendrán lugar en el 2021, probablemente en medio de una pandemia cuyo fin todavía no se vislumbra.
Si bien la pandemia llegó en un momento de retrocesos democráticos por todo el mundo, los ciudadanos y las ciudadanas siguen resistiendo y adaptándose para que en la vida pospandémica la democracia se mantenga y se profundice.
