Más desigualdad y menos empleo son algunos factores que han marcado la crisis económica causada por la pandemia de la covid-19.
“Quédate en casa” fue la consigna universal, “pero si no trabajas, no tienes dinero, y si no tienes dinero, no tienes comida”, dijo Joyce Cursino, activista, actriz y periodista, desde la ciudad de Belém, en el estado brasileño de Pará. La lucha contra la pobreza y el desempleo ha sido uno de los desafíos más profundos de la pandemia del coronavirus para América Latina, la región más desigual del planeta, según los datos del Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Una de las estrategias que han usado los países de la Amazonía para enfrentar este desafío ha sido el otorgamiento de auxilios económicos a la población más vulnerable. Brasil, por ejemplo, es el estado de la región que se vio menos afectado por el incremento de la pobreza en el 2020. Según las cifras de la fundación Getulio Vargas, en ese país la pobreza disminuyó gracias a las ayudas del Estado, aprobadas por el Congreso ante la presión de la sociedad civil, que tras el inicio de la pandemia entregó entre 600 y 1.200 reales mensuales (entre 100 y 200 dólares) a personas en condición de vulnerabilidad, entre ellas, madres y padres solteros. Pero en octubre, debido al costo fiscal, el Gobierno brasileño redujo estas transferencias a la mitad, y en diciembre las ayudas dejaron de entregarse a la población que las venía recibiendo desde el mes de abril.
Según el economista Roberto Angulo, fundador de la firma Inclusión S. A. S., uno de los Estados de América Latina con más experiencia en transferencias monetarias a la población, como política para combatir la pobreza, es Brasil. Esto se debe en parte a que el programa Bolsa Familia, de los gobiernos de Luiz Inácio da Silva, dejó instalada una capacidad que ayudó a que el Congreso de ese país reaccionara rápidamente ante el choque inminente por la pandemia. Sin embargo, con la reciente decisión del gobierno de Jair Bolsonaro de suspender los auxilios económicos otorgados por la pandemia, el futuro para un amplio sector de la población es incierto.
Además de Brasil, otros países de la cuenca amazónica han desplegado políticas de auxilios económicos para mitigar la pobreza durante la pandemia. Es el caso de Colombia, con el programa gubernamental Ingreso Solidario, que según las cifras del Departamento para la Prosperidad Social llegó a cerca de 2,6 millones de hogares en 6 meses, con ayudas cercanas a los 45 dólares mensuales. Perú, por su parte, implementó los bonos “Yo me quedo en casa”, “Independiente”, “Rural” y “Universal”, por valores superiores a los 200 dólares, los cuales fueron transferidos a las personas en dos o más entregas. Entretanto, en Ecuador se entregaron, en dos etapas, bonos de “Protección familiar” de cerca de 120 dólares y canastas de alimentos a las familias más vulnerables.
Pero a pesar de estos esfuerzos, en el informe “Un cambio de suerte: la pobreza y la prosperidad compartida 2020”, el Banco Mundial estimó que en América Latina la pandemia arrojará a la pobreza extrema a entre 3,5 y 4,8 millones de personas. En todo el mundo, estimó el informe, serían 100 millones de personas las que podrían quedar bajo la línea de supervivencia mínima a causa de la pandemia.
Según el informe, “casi con toda seguridad, los efectos de la actual crisis se harán sentir en la mayoría de los países hasta 2030”, con un impacto que probablemente ampliará la brecha de desigualdad en casi todas las sociedades. El Banco Mundial agregó en el documento que, a diferencia de otros choques económicos, los efectos de la pandemia no solo afectarán a las personas más vulnerables, sino que harán que haya “nuevos pobres”, entre ellos personas con perfiles de educación superior y arraigo en las zonas urbanas, pero con vulnerabilidad económica.
Aumentan el desempleo y la desigualdad
Pável David Franco, arquitecto de 41 años, trabaja en Leticia, en el departamento colombiano del Amazonas. Con su esposa, durante el confinamiento más estricto decretado por el Gobierno entre los meses de marzo y abril, tuvo que buscar una alternativa de ingresos porque su contrato quedó suspendido durante casi cinco meses. “Yo vivía de mi sueldo, de lo que ganaba, y con eso solventaba a mi familia”, contó.
Sin salario y en un municipio lejano con respecto a su ciudad de origen: Barranquilla, ubicada en el norte de Colombia, Pável David y su pareja decidieron cocinar almuerzos de comida costeña para venderles a los vecinos, lo que les permitió llenar el vacío de ingresos que causó la suspensión de su contrato. Pero no todas las personas han contado con alternativas para enfrentar el choque económico, como lo demuestran los indicadores sobre la desocupación en la región.
En Colombia, el periodo más crítico de desempleo se registró en junio del 2020, cuando, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la cifra de desocupados fue del 19,8 %, la más alta en las últimas dos décadas. En octubre esa cifra se redujo al 14,7 %; sin embargo, continúo siendo alta en comparación con el mismo periodo del 2019, cuando se ubicó en 9,8 %.
La cifra de desocupados también aumentó en Perú tras el inicio de la pandemia. En ese país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la tasa de desempleo para el trimestre julio-septiembre del 2020 llegó al 9,6 %, lo que representó un incremento en comparación con el 3,5 % registrado en el mismo periodo del 2019. Pero otra fue la situación en Brasil y Ecuador, donde la estadística disminuyó.
El panorama para la Amazonía es más preocupante si se consideran las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que advirtió sobre una posible recesión en las economías de la región al terminar el 2020 con cifras negativas del -9,2 % en Brasil, -5,2 % en Bolivia, -13 % en Perú, -9 % en Ecuador y -5,6 % en Colombia.
“Dado que los indicadores de empleo en los primeros cuatro meses del año ya muestran un deterioro de las condiciones laborales y tomando en cuenta las nuevas proyecciones del PIB [producto interno bruto], se espera que la tasa de desocupación regional (en América Latina) se ubique en alrededor del 13,5 por ciento al cierre de 2020”, pronosticó la Cepal.
Ante este panorama, en julio del 2020 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre la posibilidad de que la pandemia hiciera retroceder en más de una década la reducción de la pobreza en el mundo. Advertencia que reiteró en diciembre de ese mismo año en un artículo publicado en su web Noticias ONU, en el cual explica que “la pandemia ha hecho retroceder los esfuerzos para crear sociedades más equitativas. La desigualdad entre ricos y pobres empeoró durante la crisis del covid-19 y aumentó la pobreza, por primera vez en décadas”.
Por su parte, un informe de la Cepal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), reveló que en América Latina 16 millones de personas podrían quedar bajo la línea de pobreza extrema durante la pandemia, al tiempo que la desigualdad continuaría expandiéndose en la región. De hecho, en julio del 2020 la organización Oxfam Internacional aseguró que en Latinoamérica “aumentan los milmillonarios a medida que la región más desigual del mundo se hunde bajo el impacto del coronavirus”. Y reveló que “la fortuna de los 73 milmillonarios de América Latina aumentó en 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia”.
¿Qué significa una “década perdida”?
En los últimos 25 años el mundo ha avanzado significativamente en la reducción de la pobreza, según instituciones económicas internacionales como el Banco Mundial. La meta global, contenida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es reducir la pobreza extrema al 3 % para el 2030. Sin embargo, el Banco Mundial señaló que en la última década la reducción de la pobreza se hizo más lenta, poniendo en riesgo el cumplimiento de ese propósito. Ahora, con la crisis económica por la pandemia, cumplirla se convierte casi en un sueño.
Pero ¿qué significa perder una década de lucha contra la pobreza? En principio, según indican los informes referenciados, el retroceso significa que en el 2020 el mundo, y América Latina en particular, tendrá índices de pobreza y desigualdad similares a los de hace 10 años. Lo que no implica, según explicó el economista Roberto Angulo, que retomar la senda de las mejoras sociales vaya a tomar, de nuevo, una década. “Hoy somos distintos que hace 10 años, así el dato de pobreza se nos devuelva”, dijo el economista.
Si bien este choque cuestiona qué tan sólido era el salto social de la región hacia la consolidación de la clase media, también es cierto que hay lecciones aprendidas y una digitalización acelerada en contextos como Brasil, Perú y Colombia. Además, citando a la filósofa Martha Nussbaum, Angulo consideró que tras esta crisis es posible que haya menos tolerancia frente a la desigualdad, lo que se traduce en una mayor tolerancia con respecto a las políticas redistributivas de la región.
Pero, por otro lado, Angulo reconoció las dificultades que sufren las regiones más alejadas y desconectadas, como la Amazonía, en la lucha contra la pobreza. Por eso advirtió que será necesario pensar en estrategias que se adapten a las condiciones de este territorio. De hecho, varias organizaciones sociales y académicas han señalado la contradicción que implica plantearles transferencias monetarias a través del sector financiero a las comunidades indígenas que habitan las regiones selváticas.
Los límites para comprender estas regiones no se quedan allí. Las mediciones del mercado laboral, por ejemplo, no representan lo que pasa en las ciudades más desconectadas y con menos infraestructura. Angulo consideró que, en el corto plazo, estas zonas pueden verse menos afectadas, pero en el largo plazo pueden sufrir un impacto mayor. “Estas regiones se afectan más o menos dependiendo, por un lado, de la dependencia de intercambios con el sistema de ciudades y, por otro, con el exterior. Esta crisis es una mezcla de crisis internacional con crisis interna”, puntualizó.
El efecto más dramático de esta crisis, agregó Angulo, podría verse en los índices de pobreza multidimensional. Un ejemplo de esto podría apreciarse en lo que implican las medidas gubernamentales de cierre de colegios y guarderías, pues no se consideraron las diferencias regionales en el avance del virus ni la disponibilidad de infraestructura a la hora de decretar los confinamientos estrictos en los países de la cuenca amazónica, lo que afecta el curso de la educación básica de los jóvenes más vulnerables del país. Lo mismo ocurre con las inversiones de la llamada “recuperación” económica, que apuntan principalmente a los grandes centros urbanos y no a las regiones más rurales.
Un último factor a considerar, según Angulo, es que aunque los motores económicos van retomando su marcha poco a poco, es incierto lo que pueda suceder si se dan nuevos picos de contagio en los países de la región, como ha sucedido en otras latitudes. Esto obligaría a apagar de nuevo la economía y profundizaría el retroceso social en una región en la que la pobreza y la desigualdad no dan tregua.
