El confinamiento disparó los casos de violencia contra las mujeres en Latinoamérica, dificultó su acceso a los servicios de salud y de justicia, y aumentó sus cargas de trabajo no remunerado.
El miedo que Amalia —una mujer que pidió no ser identificada— sintió cuando anunciaron la llegada del coronavirus a Colombia no fue nada comparado con el pánico que sufrió cuando oyó en un noticiero de televisión que el país entraba en un confinamiento total que la obligaba a estar a solas y encerrada, inicialmente por dos semanas (que terminaron siendo más de cien días), con su pareja. Ella, una empleada del Gobierno en Bogotá, no fue capaz de explicarles a sus padres ni a sus amigas que su esposo llevaba más de seis meses golpeándola, al menos una vez al mes.
“Primero eran discusiones pequeñas y puños. Luego llegaron morados y jalones de pelo. Cuando empezó la cuarentena ya no le importaba nada y llegué a tener morados en los ojos”, contó Amalia al ser entrevistada para esta investigación. La mujer agregó que tuvo que inventarse que había un daño en la cámara de su laptop para no tener que dar la cara en las reuniones virtuales familiares o laborales. Fue necesaria una fractura en una pierna para que ella se resolviera a huir.
El caso de Amalia es solo una muestra de la realidad que viven millones de personas cada día. La ONU Mujeres estima que en la actualidad, en todo el mundo, una de cada tres mujeres sufre violencia sexual o física, la mayoría a manos de su pareja. En América Latina el panorama es preocupante porque, de acuerdo con el Banco Mundial, en esta región se ubican catorce de los veinticinco países con el mayor número de feminicidios, a lo que se suma que, durante la pandemia, Latinoamérica se convirtió en la segunda región del mundo más afectada por la violencia de género.
“Si no se aborda, esta pandemia en la sombra [la violencia de género] se sumará al impacto económico de la covid-19. El costo global de la violencia contra la mujer se había estimado anteriormente en 1,5 billones de dólares”, dijo el 6 de abril del 2020 la directora de la ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, durante la publicación del reporte “Violencia contra mujeres y niñas: una pandemia en la sombra”.
La declaración de la directora de la ONU Mujeres llama la atención sobre el hecho de que la violencia contra las mujeres no es solo de carácter físico, también es de carácter psicológico, económico y social. De hecho, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reportó en abril del 2020 que además de aumentar el tiempo que las mujeres estaban a solas con sus abusadores, el confinamiento amplió las barreras para acceder a los servicios esenciales de salud y de justicia, a los refugios y al apoyo psicosocial.
A lo anterior se suma un agravante: la presión económica y la de los cuidados, pues con el cierre de los colegios aumentó la carga de tareas en el hogar y muchas mujeres se vieron enfrentadas a jornadas más extensas y desgastantes para poder responder en sus empleos y en sus familias. En Perú, según el informe “La pandemia del covid-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe”, realizado por la Cepal, las mujeres dedican 23,9 horas semanales más que los hombres a los trabajos de cuidado no remunerados, como la limpieza de la casa y el cuidado de los niños, las mascotas y los adultos mayores. En Ecuador esa diferencia se tasó en 27,5 horas; en Colombia, en 1,5 horas; y en Brasil, en 10,7 horas.
“Las desigualdades de género se acentúan en los hogares de menores ingresos, en los que la demanda de cuidados es mayor dado que cuentan con un número más elevado de personas dependientes. Además, se acentúan otras desigualdades, ya que es muy difícil mantener el distanciamiento social cuando las personas infectadas habitan en viviendas que no cuentan con el suficiente espacio físico para proporcionar atención sanitaria”, reportó la Cepal en su informe.
Un llamado de emergencia
La ONU Mujeres reportó que las llamadas a las líneas de emergencia por parte de mujeres víctimas llegaron a quintuplicarse en algunos países durante los días más estrictos del confinamiento, es decir, entre los meses de marzo y mayo del 2020. En Colombia, Gheidy Gallo, consejera presidencial para las mujeres, señaló que el incremento en las llamadas fue del 102 %, pues en el 2019 hubo 9.044 llamadas y en el 2020 esa cifra llegó a 18.272. “De ellas, 13.920 corresponden a hechos de violencia intrafamiliar, que contrastan con las 6.262 registradas en el mismo periodo del año anterior. Es decir, se registró un aumento del 122 % en ese delito”.
En todo el país, según el Observatorio de las Mujeres, a cargo de Gallo, entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2020 las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron en un 7,9 %, al pasar de 55.963 a 60.362; mientras que las denuncias por violencia sexual se redujeron el 27,9 %, pasando de 27.106 casos a 19.539. Pero contrario a lo que indican estas estadísticas, organizaciones independientes, como el Observatorio de Feminicidios de Colombia, estimaron que esa cifra aumentó y llegó a 508 casos en el 2020.
En Ecuador, entre el 12 de marzo y el 31 de octubre del 2020, la línea de emergencias nacional ECU911 recibió y atendió 70.439 emergencias relacionadas con violencia contra la mujer u otros miembros del núcleo familiar. “La naturalización de los gritos, insultos, amenazas, burlas, golpes o la presión para tener relaciones sexuales no consentidas son problemas latentes en nuestra sociedad y convierten a la violencia intrafamiliar en parte de la realidad de nuestro país. Diariamente atendemos un promedio de 308 emergencias vinculadas con este tipo de agresiones”, reportó Juan Zapata, director del sistema de emergencias de Ecuador.
En materia de feminicidios, la Fiscalía ecuatoriana documentó 50 casos entre enero y septiembre del 2020, apenas uno más que en el 2019. Pero igual que en Colombia, las cifras oficiales no coinciden con las entregadas por organizaciones civiles: en esa misma fecha la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Feminicidios documentó 80 víctimas asesinadas por su condición de mujeres en el 2020.
En Perú, el Instituto Nacional de Estadísticas (Inei) estimó que entre el 17 de marzo y el 31 de agosto del 2020 se atendieron 14.538 casos de violencia contra las mujeres en el país. Según explicó el jefe del Inei, Dante Carhuavilca, en el foro virtual Perú Sostenible, realizado el 16 de septiembre de ese año, en el Perú el 62 % de las mujeres mayores de 18 años y el 55 % de los niños y las niñas de entre 9 y 11 años han sufrido alguna vez en su vida violencia psicológica, mientras que el 68 % de las peruanas mayores de edad ha sufrido violencia física.
En cuanto a los feminicidios, entre enero y octubre del 2020 el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Aurora) documentó 111 feminicidios, 17 % menos que los ocurridos en el 2019. El reporte oficial señala que en el 62 % de los casos el victimario es pareja de la víctima, en el 16 % se trata de una expareja y en el 11 % no se conocía a los responsables. El 83 % de las víctimas eran mujeres adultas entre los 18 y los 59 años.
En Brasil, la alianza Un Virus y Dos Guerras, conformada por siete medios alternativos, estimó que entre marzo y agosto ocurrieron cerca de 500 feminicidios, es decir, uno cada nueve horas. Por su parte, la plataforma Eva (Evidencias sobre Violencias y Alternativas para Mujeres y Niñas), que analiza informes oficiales e independientes con datos de Brasil, Colombia y México, identificó una reducción del 10 % en las denuncias por agresión, del 18 % en las denuncias por amenazas y del 23 % en las denuncias por abuso sexual. El problema con las cifras es que son apenas la punta del iceberg. La ONU Mujeres considera que menos del 40 % de las mujeres agredidas busca ayuda o reporta su situación, menos del 10 % acude a la policía y la mayoría prefiere recurrir a amigos o familiares.
