La lucha por el medioambiente no tuvo tregua en la pandemia

En los días de confinamiento estricto hubo protestas virtuales asociadas a los conflictos socioambientales. Dos proyectos mineros fueron suspendidos durante la pandemia y en los países de la Amazonía se reactivaron las manifestaciones presenciales.

Las protestas contra proyectos mineros en Ecuador, Colombia y Brasil, y las luchas para frenar los proyectos de expansión agrícola e industrial en la Amazonía se quedaron en pausa a mediados de marzo del 2020, cuando, uno por uno, los Gobiernos de América Latina decretaron medidas de confinamiento obligatorio para evitar la expansión de contagios de coronavirus. Pero las medidas de aislamiento solo detuvieron momentáneamente la movilización social, pues aun en medio de la pandemia surgieron manifestaciones con las que se buscaba defender el medioambiente.

En Ecuador, en mayo del 2020, hubo protestas causadas por desacuerdos de varios ciudadanos con el manejo que el Gobierno le dio a la pandemia, pero también por las afectaciones ambientales ocasionadas por las explotaciones petroleras. Ese mes, un derrame de petróleo en uno de los principales oleoductos del país dejó sin agua potable a 105 pueblos de las comunidades kichwa y shuar, lo que originó algunas protestas por parte de los indígenas. La organización Amnistía Internacional tuvo que intervenir para que el Gobierno acelerara la limpieza de la zona y le llevara agua a la población.

En junio la ola de protestas llegó a Colombia y a Brasil. En el primero, los indígenas se movilizaron para denunciar el asesinato de líderes sociales, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y la deforestación de zonas protegidas. En el segundo, los indígenas bloquearon vías para protestar contra las concesiones de explotación forestal que les otorgó el Gobierno a empresas privadas.

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental para el Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló que los riesgos de las protestas en América Latina se mantienen elevados a pesar de la pandemia, y que incluso los efectos económicos que dejó el confinamiento podrían aumentar la pobreza y la desigualdad, reavivando las tensiones sociales en la región.

Minería, foco de protestas

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) siguió de cerca lo que sucedía con los conflictos socioambientales asociados a los proyectos de extracción y las licencias ambientales en todo el territorio. Desde el inicio de la pandemia los líderes de esa organización expresaron su preocupación por que en el 2019 ya habían asesinado a 212 defensores de la tierra y el medioambiente. De ellos, 64 estaban en Colombia, 24 en Brasil y 18 en México.

Uno de los puntos de tensión social en relación con la minería y el medioambiente se generó debido a que “en la pandemia, y a pesar de las restricciones, Argentina, Ecuador, Perú y Brasil [los Gobiernos] declararon la minería como actividad esencial y permitieron el libre funcionamiento de las empresas mineras”, relató en su informe el observatorio.

En Brasil las protestas empezaron en las redes con la campaña “La minería no es esencial, la vida sí”, que inició luego de que el Gobierno federal, a través de la Agencia de Minería, lanzara un plan llamado Lavra, con el que cambió algunos procesos de licenciamiento. Eso, a juicio de Ocmal, implicó una “reducción en la capacidad de control de la Agencia sobre las actividades de las mineras”.

El 17 de agosto del 2020 un grupo indígena de la comunidad kayapó, en Pará, bloqueó la principal vía de acceso para pedir ayudas y exigir que frenaran la explotación minera ilegal y la deforestación de una zona de la Amazonía. El Gobierno hizo presencia en la zona, pero no se lograron avances ni concertaciones.

Y en el estado de Minas Gerais, además, hubo una molestia ciudadana luego de que la empresa minera Vale entregara kits con pruebas de covid-19. El malestar ciudadano se originó porque meses antes del inicio de la pandemia varios habitantes de la zona habían marchado para pedir que no quedara impune la tragedia de Brumadinho, en la que murieron 300 personas, tras el colapso de la presa de relaves donde se almacenaban los desechos tóxicos de las extracciones mineras. “La minera está lavando su cara con nosotros. No hay sanciones, hubo cientos de muertos y ahora ellos vienen y donan cualquier cosa y pretenden que todo esté bien”, dijo Priscila Ramos, una joven de 27 años que dejó Brumadinho tras la tragedia.

Hay que anotar que Baskut Tuncak, relator especial de la ONU sobre las implicaciones que tienen los derrames de sustancias tóxicas en los derechos humanos, había dicho en enero del 2020 que en Brasil había riesgo de impunidad para casos de despojo de tierras y destrucción del medioambiente. “A raíz de una serie de horribles crímenes ambientales, desde el colapso mortal de presas de relaves hasta una epidemia de intoxicaciones por pesticidas, uno esperaría ver al país promulgar los más estrictos controles ambientales y laborales para sustancias y desechos peligrosos”, dijo el experto.

En Colombia también hubo polémicas porque, entre las medidas adoptadas por la pandemia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó que las audiencias públicas ambientales, que se realizan con las comunidades que serán impactadas por proyectos mineros y que son un prerrequisito para el otorgamiento de licencias de explotación, se realizaran de manera virtual.

De acuerdo con Fernando Jaramillo, líder ambiental de Jericó, municipio turístico y agrícola donde la minera AngloGold Ashanti tramita la licencia de una mina de cobre en medio de un prolongado conflicto socioambiental, la posibilidad de realizar audiencias virtuales va en contravía de la comunidad, porque “hay muchos campesinos que no tienen acceso a internet o que simplemente no manejan las herramientas virtuales. La audiencia es una exigencia que hicimos porque es nuestro derecho, y hacerla virtual vulnera a los campesinos que quieren participar de ella”, explicó.

También en Colombia, en el mes de mayo el Consejo de Estado negó las pretensiones de la comunidad de Salento, que quería prohibir la minería en su territorio. Entre otras razones, los habitantes de esta población del centro del país argumentaron que el desarrollo de proyectos mineros pone en riesgo la supervivencia de la palma de cera, hábitat natural del loro orejiamarillo, y afecta la vocación de la región, que se proyecta como destino ecoturístico. Pero lo que dijo el alto tribunal es que la potestad de prohibir la minería en el territorio excede las competencias del municipio.

Y en el mes de agosto, también de manera virtual, el Congreso colombiano discutió los alcances de un proyecto de minería en el páramo de Santurbán, una reserva ecológica considerada fuente de agua potable del occidente del país. Y es que, aunque oficialmente el país prohíbe la minería en los páramos, hay diferencias respecto a si el proyecto está o no dentro del área protegida de Sartunbán. La tensión alrededor de esta importante reserva natural fue la causa para que el 13 de septiembre, en Bucaramanga, la ciudad más cercana a Santurbán, los ciudadanos salieran a las calles para pedir que las autoridades detuvieran el proyecto y garantizaran la protección de los ecosistemas.

Por otro lado, en Perú, antes del confinamiento la Defensoría del Pueblo había identificado 188 conflictos sociales, de los cuales 160 estaban relacionados con proyectos petroleros, mineros y madereros. Para noviembre del 2020 la cifra de conflictos se ubicaba en 198, la mayoría de ellos en la región de la selva amazónica, concentrados en los departamentos de Loreto (23 casos), Cusco (22 casos) y Áncash (17 casos). Cinco personas fallecieron durante esos meses, en medio de protestas asociadas a la defensa del territorio y del medioambiente.

En el departamento de La Libertad, a mediados de diciembre, se activaron dos conflictos socioambientales con empresas mineras. El primero en el caserío de Shiracmaca, donde los habitantes denunciaron que la minera Summa Gold está afectando sus redes de abastecimiento de agua. El segundo en Santa Cruz de Chuca, donde la comunidad se opuso al inicio de las labores de exploración del proyecto Supaypacha.

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